Informe Preliminar sobre la situación de las personas con discapacidad en la Argentina

El Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, integrado activamente por las cuatro organizaciones de la sociedad civil firmantes del Convenio que resolvió su creación: -Departamento de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Área de Discapacidad de AMIA,-Comunidad Judía; Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro-Pro); Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires- agradece la contribución de los organismos públicos cuya nómina se incluye al final de este texto, que han actuado como miembros cooperantes de este Comité.

Su participación posibilita avanzar con paso firme hacia la elaboración de estrategias de cambio y verificación del cumplimiento de políticas públicas de conformidad a los objetivos del Convenio y constituye un hecho novedoso y dinámico de articulación.

Este Comité ha resuelto dirigirse a la autoridades gubernamentales y al conjunto de la sociedad, con el objeto de hacer conocer un primer informe preliminar, sobre la situación de vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

1.- Documentos Para ello ha tenido en cuenta los siguientes documentos:

a) La Constitución Nacional, la legislación vigente en materia de promoción de derechos de las personas con discapacidad, incluida la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley 25.280) y las disposiciones referentes a políticas públicas universales, que contienen normas específicas sobre discapacidad

b) Los informes técnicos y declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que formulan recomendaciones en materia de Discapacidad

c) La Carta Abierta sobre Ciudadanía e Integración de las Personas con Discapacidad redactada por organizaciones de la sociedad civil, con participación del sector público (octubre de 2001) (Anexo I)-

d) El Proyecto de Decreto Reglamentario de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, elaborado por el Grupo de Trabajo constituido a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos y que contó con la participación de organismos públicos y no gubernamentales. (diciembre 2002) (Anexo II)

e) El Acta Compromiso firmada por representantes de los partidos políticos (abril de 2003) (Anexo III)

2.- Cuadro de situación Queremos expresar nuestra alarma por la situación crítica en que se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina y por la indiferencia que hubo por parte de muchos organismos del Estado e incluso por la propia sociedad civil, frente al incumplimiento de la legislación vigente, la ineficacia o inaplicabilidad de muchas políticas públicas y la comisión de actos discriminatorios. Sin embargo frente a una situación social cada vez más excluyente, la presencia de la temática y el colectivo organizado de las personas con discapacidad ha experimentado un crecimiento basado particularmente en las diversas acciones que ONGs de y para personas con discapacidad han realizado. Los medios de comunicación social han dado a conocer emprendimientos, necesidades, logros individuales y reclamos sociales. El Estado ha retrocedido en su función de regulador de los servicios públicos y así las personas con discapacidad han quedado abandonadas y a la suerte de los vaivenes de grupos de poder para gozar de determinados derechos (salud, rehabilitación integral, educación, capacitación laboral, transporte, comunicación, accesibilidad, cultura, recreación, deporte, vivienda adecuada, posibilidades para formar una familia, fuentes de trabajo adecuado y digno, etc.) Los legisladores no han asumido plenamente esta temática, y recién en los últimos años se conformaron comisiones parlamentarias especializadas. Expresamos nuestra preocupación por la reciente disolución de la Comisión de Discapacidad en el Senado de la Nación Los diversos gobiernos no han ajustado su actuación en la materia a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 23), ni han desarrollado una política integral referida a la discapacidad. Sí hubo reconocimiento de diversas necesidades y situaciones problemáticas, a través de leyes correspondientes, pero el grado de incumplimiento por acción y por omisión y aún por actos incompatibles con los deberes de los funcionarios públicos han colocado a este colectivo social en una situación gravísima. Por el contrario si bien los discursos, no muchos, se han referido a la discapacidad, las acciones concretas no han hecho realidad lo dicho y lo que es aún peor han habido hechos negativos: desviación de fondos específicos, no exigencia a empresas de servicios públicos del cumplimiento de la legislación y aún apoyo a las mismas en su incumplimiento, etc.

2. 1.- No sabemos cuántas son las personas con discapacidad que habitan nuestro país. Puede estimarse, no obstante a partir de parámetros internacionales, que su número supera los tres millones de personas y está en crecimiento como consecuencia de la crisis generalizada. Tres sectores son particularmente críticos: - los niños que nacen con discapacidad o que la adquieren en los primeros años de vida como consecuencia de la desnutrición, de la pobreza y la exclusión social -los ancianos, quienes han ampliado su expectativa de vida y son proclives a las enfermedades invalidantes. Además por la pobreza, el no acceso a la medicina, una inadecuada alimentación y la no debida contención afectiva y social, experimentan una baja calidad de vida. - y las personas que han sufrido accidentes, especialmente automovilísticos o de trabajo y no han logrado acceder a una rehabilitación adecuada.

2.2. Nos preocupa la incidencia que el aumento de los índices de pobreza y desocupación tienen sobre la situación de las personas con discapacidad. Esta problemática tiene una transversalidad que la hace depender de factores sociales, sanitarios, económicos, culturales, educacionales y familiares. La pobreza no solamente acentúa las consecuencias negativas de la discapacidad sobre las familias, sino que es en sí misma un factor que favorece el surgimiento de discapacidades, sea por la incidencia de condiciones de vida desfavorables, cuanto por la falta de accesibilidad a los servicios de salud, educación y rehabilitación, que acompaña, generalmente a la pobreza extrema y a la desocupación. Los factores anteriormente enunciados hacen esperar un crecimiento muy importante de personas con diversas discapacidades, lo que exige una respuesta activa del Estado. En este sentido miramos con esperanza la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria dispuesto por la Ley Nacional 25.574 y reglamentada por el decreto 1018 del 29 de abril de 2003, en cuanto prioriza a los niños, discapacitados, embarazadas y adultos mayores. Aspiramos a seguir de cerca la implementación de este Plan y ofrecemos el asesoramiento y la cooperación de las organizaciones que representamos y el de este Comité de Evaluación para que pueda alcanzar la mayor eficacia en su aplicación. De esta eficacia depende, en muchos aspectos, el futuro de nuestra comunidad.

2.3. A pesar de los avances normativos y las convenciones específicas de derechos humanos incorporadas a la Constitución Nacional, se continúa invisibilizando, discriminando y excluyendo a las personas con discapacidad, en lo social, sanitario, político, laboral, económico y cultural. En los últimos años, gracias especialmente a la actividad desarrollada por las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad y otras organizaciones, esta problemática se ha hecho más presente en la vida de la sociedad. Se ha manifestado como una cuestión de derechos humanos y como una muestra de los logros que alcanzan las personas con discapacidad. Este accionar y especialmente las movilizaciones públicas frente a diversos organismos gubernamentales, marcaron un cambio en la concepción de los reclamos de las personas con discapacidad. Se hizo explícito que no se estaba pidiendo una limosna, sino exigiendo respuestas para garantizar un derecho humano. La imagen fue la persona con discapacidad puesta de pie reclamando por lo suyo.

2.4. Pese a que los procesos de integración han tenido ciertos avances positivos, persisten barreras culturales que tienden a la exclusión de lo diverso, de lo que no es considerado útil y de lo que se aleja de las pautas culturales dominantes de plenitud, inteligencia, salud y belleza. Como consecuencia, las calles, los edificios públicos y privados, las estaciones y unidades de transporte, las escuelas, los hospitales, los lugares de esparcimiento y de prestación de servicios, etc., no cumplen con los requisitos que requieren las personas con discapacidad para hacer uso de ellos en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos. Esto se verifica particularmente en relación a las personas con discapacidad visual, auditiva y de aquellas que utilizan sillas de ruedas. Preocupa muy especialmente lo sucedido con la accesibilidad al transporte público. Si bien se han dictado leyes positivas para favorecer el acceso de las personas con discapacidad, acciones negativas de carácter corporativo y empresario - respaldadas por sectores de gobierno - se manifestaron muy recientemente mediante proyectos con los que se pretendió desconocer el fruto de años de lucha del sector. Ejemplo de ello son las modificaciones de la legislación mediante decretos y resoluciones de dudosa constitucionalidad, como así también de los contratos de concesión del servicio ferroviario, a través de cuyas addendas se priorizan los intereses de las empresas y se continúa postergando el acceso al transporte público de las personas con discapacidad. Es necesario producir un cambio cultural que nos lleve desde una sociedad signada por el consumo y la explotación, hacia una comunidad solidaria, que valore la diversidad, la dignidad de la vida y se base en el respeto por los derechos de todas las personas. Se requiere, en particular, terminar con las barreras físicas y comunicacionales que dificultan o impiden la integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Es imprescindible que el Estado cumpla con la responsabilidad que en tal sentido le asignan la Constitución Nacional, sus leyes y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, eludida por sucesivos gobiernos quienes - por acción u omisión - convirtieron en letra muerta las normas que amparan los derechos de estos ciudadanos. La actual administración debe: -Destinar recursos suficientes dando prioirdad al desarrollo de políticas y acciones dirigidas a la supresión de barreras culturales, económicas, físicas, comunicacionales y/o de cualquier otra índole. -Ejecutar inmediatamente un Plan Nacional de Accesibilidad Física y Comunicacional de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional que permita programar y coordinar acciones de difusión, concientización y de eliminación de barreras. -Promover el cumplimiento de la legislación vigente en la materia y de la intangibiliad de las medidas y de los fondos comprometidos.

2.5.Si bien no se cuenta con una información fehaciente, el índice de desocupación de las personas con discapacidad estaría en el orden del 90%. Aquí el prejuicio, la ausencia de políticas efectivas y la discriminación han provocado una situación de flagrante injusticia. Hay ausencia de una política interjurisdiccional y orgánica, comprensiva del área pública (Nación, Provincias y Municipios) y privada (organizaciones de la sociedad civil, prestadores de servicios, empleadores y asociaciones gremiales de trabajadores). Se debería articular adecuadamente la capacitación profesional, la adaptación al puesto de trabajo (incluyendo las ayudas técnicas y en los casos que lo requieran un seguimiento) y la efectiva incorporación al trabajo digno, productivo, remunerativo, estable en el marco de la legislación laboral y con posibilidades de ascenso sobre la base de la existencia de alternativas de capacitación. Estas son pautas y mecanismos que deben infundir una acción enérgica y totalizadora destinada a asegurar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio del derecho a trabajar. La apertura del mercado para los trabajadores con discapacidad que han recibido la preparación profesional o técnica específica que los convierten en competitivos es tan reducica que es prácticamente inexistente. El cupo del 4% a nivel Nacional, Provincial y Municipal no se cumple y en general sobre el mismo, solamente se escuchan buenas intenciones. Si bien la situación de los Talleres Protegidos de Producción siempre fue endeble, con la crisis generalizada que vive el país se han visto gravemente perjudicados. A su vez no se cumple con los aportes previstos en el artículo 6º de la Ley 24.147. Igualmente se incumple la ley 24.308 relativa a pequeños comercios para personas con discapacidad. No es poco por otra parte, el temor del empresariado a tomar a un trabajador discapacitado que aparece como "diferente" al común de los trabajadores, sino también a aplicar las franquicias fiscales (Leyes Nacionales 23.021, 24.147, etc.; normas provinciales referidas a Ingresos Brutos, etc.) por la eventualidad de una error de procedimiento en la aplicación de la deducción del caso. Otro aspecto sobre el que debe actuarse con energía y transparencia, es el de la recalificación profesional de los trabajadores por enfermedad o accidente. Los mismos no deben ser desechados por el mercado de trabajo, sino que deben ser readaptados y en su caso reubicados por el mismo empleador, debiendo las instituciones públicas y privadas concurrir a la rehabilitación y readaptación del trabajador, con programas individualizados e intensivos durante un tiempo útil y prudencial.

2.6. En relación con la inclusión de los niños y jóvenes en el sistema educativo, nos encontramos ante una ausencia de políticas activas. La falta de asistencia estatal imposibilita la integración en general y particularmente la de los niños y jóvenes con discapacidad en situación de pobreza. Otro obstáculo es el rechazo manifiesto de obras sociales para brindar cobertura por tiempo prolongado en establecimientos especializados, que desarrollan modalidades de rehabilitación que incluyen programas educativos En la educación general básica, se manifiestan formas de rechazo cultural transversales al ámbito educativo que impiden una mayor integración de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes. Percibimos también la ausencia de programas de educación temprana, media, superior y de educación de adultos para personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la accesibilidad la mayoría de los establecimientos no están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. Hay barreras arquitectónicas, no existen baños adaptados y tampoco recursos técnicos y pedagógicos para facilitar el aprendizaje. La mayoría de los docentes en los establecimientos comunes de educación no están capacitados en el conocimiento de las diversas modalidades de la discapacidad, sus necesidades y potencialidades para el desarrollo de su vida cotidiana. lo que vuelve ilusoria la educación inclusiva Los docentes de educación especial no cuentan con auxilios indispensables para el desarrollo de su tarea, ni existen programas que articulen ambos subsistemas con fines de lograr los objetivos que hacen a la integración y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En función de la relación educación-discapacidad es necesario encarar: -actividades formativas destinadas a toda la comunidad educativa, con el fin de lograr la superación de los prejuicios y actitudes que pueden dificultar la plena inclusión social de las personas con discapacidad. -la inclusión en los planes de estudio de todos los niveles educativos, de unidades referentes a la problemática y necesidades de las personas con diversos tipos de discapacidades, en forma de contenidos transversales a las diversas materias. -el pleno acceso a la formación docente de todo nivel. -la obtención de títulos habilitantes sin restricciones. -modalidades de libre competencia en el ingreso a la docencia y el derecho a la promoción en la carrera docente, a favor de la inclusión de personas con discapacidad en los cuerpos docentes teniendo en cuenta la especial idoneidad de las personas con discapacidad para el dictado de materias vinculadas a su desenvolvimiento como tales (sistema Braille, lenguaje de señas y otras), así como el trascendente rol de modelo de identificación. En este marco nos pronunciamos por la defensa y el fortalecimiento de la educación pública y su adecuado financiamiento, incluyendo por cierto la atención específica y la integración de los niños y los jóvenes con discapacidad.

2.7 En materia de salud y seguridad social. De los más de 3 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país, la gran mayoría no tiene acceso a los servicios de salud. Tengamos en cuenta que el 90% del millón de niños y jóvenes con discapacidad de hasta 15 años no accede a servicios de rehabilitación psicofísica. La pobreza, la desnutrición y la falta de programas de prevención y cuidado materno infantil así como de atención primaria, generan no sólo un alto nivel de mortalidad infantil (16,6 por mil), sino también graves problemas de desarrollo que derivan en patologías discapacitantes. De esta manera en un plazo no mayor de 5 a 6 años, el país tendrá que hacerse cargo de estos niños con problemáticas muy serias. En materia de cobertura asistencial se observa escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención, especialmente en las zonas rurales y enclaves de pobreza. Del total de la Red Sanitaria que componen los hospitales del país, sólo el 4,1% posee Servicios de Rehabilitación Psicofísica, sin poder contar con la información acerca del nivel de atención de los mismos. A la restricción de la accesibilidad por escasez de efectores y recursos humanos calificados hay que agregar que la capacidad de admisión hospitalaria está hoy colapsada. También hay una disminución presupuestaria por caída del PBI, incremento de los insumos médicos y no médicos y falta de acceso a bienes de salud (medicamentos, reactivos, prótesis, ortesis). El acceso a los medicamentos específicos (anticonvulsivantes y otros de alto costo) es casi imposible para las personas carenciadas. El actual Plan Remediar no los contempla. La desatención de estas personas muestra la inequidad en la accesibilidad al servicio. Un párrafo especial requiere la actitud sistemática de muchas Obras Sociales sindicales y las del Estado de afiliación obligatoria, en relación con el cumplimiento de las prestaciones dispuestas en el PMO y en la Ley 24.901. Nos referimos a la negación de dar la prestación, lo que ha determinado un crecimiento significativo de los recursos de amparo, como único modo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Además del incumplimiento de las normas legales se están negando en los hechos los principios solidarios que determinaron el surgimiento de estas instituciones. El Estado a través de los organismos de competencia a cargo de tutelar el cumplimiento de la normativa vigente, deberá hacer cumplir los criterios y normas establecidas como así también asegurar el control de calidad prestacional. Esta problemática se agrava con la dificultad de la obtención del Certificado de Discapacidad en tiempo y forma y con ello poder acceder a la atención correspondiente. También es necesario reveer los requisitos para el otorgamiento de la Pensión No Contributiva por invalidez y ampliar el presupuesto destinado a las mismas, porque es el modo a través del cual las personas con discapacidad pueden recibir una cobertura integral.

2.8.- Financiamiento y presupuesto Gran parte de las situaciones críticas y la insuficiencia descripta en los párrafos anteriores, tiene su origen en las restricciones presupuestarias y la desviación de fondos legalmente asignados al financiamiento de prestaciones asistenciales para las personas con discapacidad. Generalmente los Gobiernos han restringido, desviado o negado fondos al financiamiento de las políticas públicas del área. Lo afirmado en los discursos fue sistemáticamente negado en los hechos. Por eso reclamamos prioridad para las políticas destinadas a este colectivo social con un presupuesto suficiente y adecuado en los organismos intervinientes. Señalamos la necesidad de establecer mecanismos que permitan garantizar la intangibilidad de estos fondos y su correcta aplicación. Así mismo sostenemos que, al momento de destinar los recursos en el presupuesto nacional, la calidad de vida y el derecho a la salud, deben ser el fundamento.

3.-. La puesta en marcha de políticas y acciones de gobierno para alcanzar los objetivos planteados en cuanto al cambio de actitudes en el conjunto de la sociedad y al cumplimiento de la legislación vigente, requiere tanto de un desempeño efectivo de los organismos de control y verificación de políticas, como de un mecanismo que articule eficazmente los esfuerzos de la sociedad civil. En este sentido creemos que es necesario fortalecer el rol y la tarea de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, lo que requiere una ley que consolide su presencia como la agencia del Estado con competencia primaria en materia de afirmación de derechos de las personas con discapacidad y como articuladora de políticas y acciones en la materia que desarrollan otros organismos públicos y no gubernamentales La aprobación del Decreto Reglamentario de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley 25.280), que se encuentra en trámite en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, permitirá contar igualmente con los instrumentos necesarios para impulsar con mayor eficacia la verificación del cumplimiento de las políticas públicas de discapacidad.

4.-Las Naciones Unidas han decidido promover una convención internacional amplia e integral sobre los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto impulse dicha Convención. Con el mismo criterio creemos que es necesario impulsar la sanción de una ley para dar a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad rango constitucional, según el procedimiento establecido en el art. 75, inc. 22 del texto constitucional.

5.- Participación en la toma de decisiones: Sin perjuicio de los avances producidos en materia de articulación entre organismos del sector público y organizaciones no gubernamentales de discapacidad no estamos todavía satisfechos. Creemos que es necesario promover formas más eficaces de participación en la toma de decisiones, con modalidades vinculantes, que marquen un protagonismo creciente de la sociedad civil, en la formulación, definición de prioridades y verificación de la ejecución de las políticas públicas. En este sentido la consulta institucionalizada respecto de las decisiones más trascendentes, tales como la designación de autoridades de áreas específicas, la asignación de recursos y otras a determinar, sería una confirmación de la voluntad del Gobierno Nacional de avanzar sólidamente hacia formas de democracia participativa.

6.- Exhortación a los poderes del Estado y a la sociedad civil *A los legisladores y a quiénes cumplen funciones de gestión en el ámbito del Poder Ejecutivo, cabe demandarles genuina voluntad política para elevar las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad, a partir del pleno reconocimiento de su ciudadanía, es decir de su condición de sujetos plenos de derecho. La realidad de las personas con discapacidad debe ser abordada por una Política de Estado y no relegada a un plano meramente asistencial o delegada en la sociedad civil, con deserción de las agencias del sector público. Se trata también de garantizar una efectiva transversalidad de las políticas, en relación con las personas con discapacidad. *Al Poder Judicial que asuma una actitud de vigilancia a fin de garantizar el estricto respeto por la legislación vigente y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido creemos indispensable que se impulsen capacitaciones de las funcionarias y los funcionarios judiciales, con el propósito que interpreten de una manera clara, las disposiciones normativas atendiendo a la situación de las personas con discapacidad. *Al mundo del trabajo, incluyendo a los sindicatos y a las organizaciones empresarias les planteamos que tengan en cuenta tanto en los convenios colectivos de trabajo, como en la vida cotidiana en las empresas, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. *A los medios de comunicación social: les solicitamos que divulguen una imagen positiva y digna de la población con discapacidad, que coadyuve a eliminar los estereotipos culturales que impiden la potenciación social, económica, política y cultural del colectivo de las personas con discapacidad y de cada una de ellas.

Ha llegado la hora de establecer un compromiso público y definido. Los dirigentes argentinos de todos los sectores gubernamentales, políticos, sindicales, empresarios, educativos, comunicacionales, religiosos, de las organizaciones no gubernamentales, deben decir en concreto si van a permitir que continúe el maltrato y la negación de los derechos de las personas con discapacidad o si la igualdad de trato y de oportunidades garantizados por la Constitución Nacional (art. 75, inc. 23), la legislación específica y los tratados internacionales, se va a traducir en lo inmediato y en los hechos en una nueva y vigorosa política de integración social, cultural, laboral y económica de las personas con discapacidad, a partir de una clara, definida y significativa asignación presupuestaria. El reconocimiento efectivo de derechos requiere un cambio de actitudes tanto en los niveles gubernamentales y dirigenciales, como en el conjunto de la comunidad nacional. Se trata de tomar en cuenta tanto en las decisiones gubernamentales como en la vida cotidiana, el valor, la dignidad y la ciudadanía plena de las personas con discapacidad y viabilizar su participación.

7.- Palabras Finales: Este Comité de Evaluación, surgido del convenio firmado el 15 de mayo de 2003, entre las cuatro organizaciones no gubernamentales firmantes da a conocer este Informe Preliminar, como un aporte al gobierno presidido por el Dr. Néstor Kirchner, con la esperanza puesta en el compromiso público oportunamente suscripto en su nombre, en la sede del Arzobispado de Buenos Aires, de impulsar un cambio sustantivo en las políticas públicas del área. Los pasos dados por el Dr. Kirchner y su equipo de gobierno en materia de defensa y promoción de los derechos humanos constituyen positivos signos de esperanza para el colectivo de la discapacidad, que esperamos anticipen un cambio tan sustantivo como profundo.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2003.

Por las organizaciones de la sociedad civil fundadoras del Comité

Carlos Ferreres (Departamento de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos)

Abraham Felperín (Área de Discapacidad de AMIA - Comunidad Judía)

Pablo Molero (Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad - Foro Pro y Comisión para las Personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires)

Carlos Eroles (Coordinador del Comité de Evaluación)

Han colaborado en la redacción del texto y acompañan esta presentación:

Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Auditoría General de la Nación

Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Defensoría del Pueblo de la Nación

Subcomisión de Discapacidad de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado de la Nación

Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Consejo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires