Carta Abierta sobre Ciudadanía y Derecho a la Integración de las Personas con Discapacidad

 

En el marco de las Jornadas sobre Ciudadanía y Derecho a la Integración Social de las Personas con Discapacidad, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, los días 3 y 4 de octubre en dependencias del Congreso de la Nación, con el objetivo de abordar como temáticas centrales el financiamiento y las políticas públicas del área, y a partir del consenso establecido entre los participantes se han formulado las siguientes consideraciones y afirmaciones que integran esta Carta:

1.- Ciudadanía y Derechos Humanos: Afirmamos que en la Argentina, a pesar de los avances normativos, fruto de la legislación específica, los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad (ley 25.280) y del texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, se invisibiliza, discrimina y excluye a las personas con discapacidad, en lo social, político, laboral, económico y cultural. El reconocimiento efectivo de derechos requiere un cambio de actitudes tanto en los niveles gubernamentales y dirigenciales, como en el conjunto de la comunidad nacional. Se trata de tomar en cuenta tanto en las decisiones gubernamentales como en la vida cotidiana, el valor, la dignidad y la ciudadanía plena de las personas con discapacidad y hacer efectiva su participación.

En un país en que amplios grupos de ciudadanos, con quiénes nos identificamos: los pobres, los migrantes, los pueblos originarios, muchos niños, mujeres y ancianos, las minorías discriminadas no pueden acceder a una vida digna, la democracia pierde sustento y parece reducirse a un instrumento para el bien de algunos.

2.- Hacia un cambio cultural y una sociedad sin barreras: Pese a que en el contexto mundial los procesos de integración han tenido ciertos avances positivos, en nuestro país predomina aún la cultura que excluye a lo que no es considerado útil y a las expresiones que se alejan de los patrones establecidos como normales en función de su frecuencia o de las pautas dominantes de plenitud, inteligencia, salud y belleza.

Esta barrera cultural determina que nuestra sociedad imponga dificultades o impedimentos a la integración de las personas con discapacidad mediante barreras físicas, económicas y comunicacionales con las que es necesario terminar.

Eliminar éstas requiere que el Estado cumpla con la responsabilidad que en tal sentido le asignan la Constitución Nacional, sus leyes y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, responsabilidad sistemáticamente eludida por sucesivos gobiernos que, por acción u omisión,  convirtieron en letra muerta las normas que amparan los derechos de estos ciudadanos.

Pero las acciones negativas del gobierno no sólo se manifiestan mediante la inequidad recaudatoria y distributiva sino también en los proyectos con los que el Poder Ejecutivo pretende desconocer el fruto de años de lucha del sector. Ejemplo de ello son los proyectos de modificación de los decretos 914/97 y 467/98 y de los contratos de concesión del servicio ferroviario de pasajeros, a traves de los cuales se priorizan los intereses de las empresas privadas y se sigue postergando el acceso al transporte público de las personas con discapacidad.

Exigimos al gobierno:

·    la intangibilidad de la legislación vigente en la materia y de las medidas y los fondos comprometidos en su cumplimiento

·    la inmediata modificación de la injusta política actual de recaudación y distribución de recursos.

·    destinar los recursos disponibles prioritariamente al desarrollo de políticas y acciones dirigidas a la supresión de barreras culturales, económicas, físicas y comunicacionales.

·    la inmediata ejecución de un Plan Nacional de Accesibilidad Física y Comunicacional de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional que permita programar y coordinar acciones de difusión y concientización y de eliminación de barreras.

3.- Inserción Laboral. La escasa inserción laboral de las personas con discapacidad ha llevado los índices de desocupación a más del 90%. Nuevamente es el prejuicio, la ausencia de políticas efectivas y la discriminación lo que nos ha llevado a esta situación de flagrante injusticia. Todo lo normativo se incumple en este campo: el cupo del 4% en el empleo público; la promoción eficaz del trabajo protegido -definidamente ausente- y la muy reducida apertura del mercado de trabajo para los trabajadores con discapacidad que han recibido preparación profesional o técnica específica que los convierten en competitivos.

Por ello reclamamos programas efectivos e incentivos para la inserción laboral de las personas con discapacidad, en el ámbito privado y terminar con la falacia, la desidia y el prejuicio que ha impedido hasta el presente el acceso al empleo público y a las empresas prestadoras de servicios públicos tal como lo indica la legislación vigente, respetando el criterio de a igual empleo igual remuneración, y garantizando un nivel de remuneración que permita cubrir el costo de la canasta familiar. También, reclamamos que no se despida a ningún empleado que adquiera una discapacidad, ni se le reduzca su salario.

Exigimos que los programas de capacitación no se conviertan en negocio de algunos sectores que no contemplan la salida laboral. Ellos deben ser llevados a cabo a través de políticas publicas con el aporte y la participación intersectorial tal como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo a fin de que los mismos cumplan con el objetivo de una real capacitación, reinserción y empleo de las personas con discapacidad.

Debe reconocerse a los operarios de los talleres Protegidos de Producción, los derechos que les corresponde a los trabajadores, promoviendo el Estado medidas que favorezcan la comercialización de sus productos y la exención de cargas impositivas a las instituciones que los gerencian.

Solicitamos que se lleven adelante todas las acciones tendientes a la consecución del objetivo previsto en la resolución N° 438 del Ministerio de Trabajo y Empleo y Formación de Recursos Humanos, con relación a la inclusión del trabajo de las personas con discapacidad dentro de los Convenios Colectivos.

Exigimos al Estado y a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) que cumplan con el deber que la legislación vigente les asigna con respecto a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, que provocan muertes y nuevas personas con discapacidad. También queremos llamar la atención sobre la falencia existente con respecto a las prestaciones que se deben brindar a las personas que han quedado con alguna discapacidad por algún accidente de trabajo y/o enfermedad profesional y la pobre inversión en recalificación profesional y readaptación en los puestos de trabajo adecuados a la capacidad de quien padece un infortunio y está en condiciones de reinsertarse a trabajar en otro puesto.

4.- Accesibilidad a la educación: La mayoría de las personas con discapacidad a lo largo y a ancho de nuestro país no tiene acceso a la educación. Este derecho está limitado por razones muy concretas:

·    por la falta de políticas activas, que posibiliten la integración en el sistema educativo de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad y en particular en situación de pobreza.

·    por la falta de financiamiento que posibilite la implementación de programas y proyectos educativos para este sector de la población.

·    por la escasa implementación de de programas de educación y estimulación temprana, educación media y superior y de educación de adultos para personas con discapacidad.

·    Por el rechazo cultural que impide una mayor integración de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, en las escuelas comunes, desconociendo su condición de "personas", reduciéndola al posibilismo de los gobiernos de turno.

Creemos que no podemos dejar de aludir a la Ley Federal de Educación desde una perspectiva crítica ya que es deber del Estado asegurar la integración en los establecimientos comunes proveyendo los recursos humanos y materiales pertinentes y mantener la educación especial a fin de ofrecer a cada uno lo que necesita en relación a su singularidad. No se trata de el mismo lugar sino un lugar formativo equivalente.

La temática de la discapacidad debe estar presente en todos los niveles formativos para promover desde cada lugar una sociedad más justa, más democrática respetando las diferencias en el marco de principios éticos y del respeto a los derechos humanos.

5.- El derecho a atención integral, la salud y a la seguridad social: La atención integral de las personas con discapacidad sufre agravadas restricciones similares a las que padece el conjunto de la población, es decir: cobertura insuficiente, desguace del hospital público y de los servicios que deben brindar las Obras Sociales; financiamiento inadecuado para el sector público, etc.

La cobertura de los requerimientos de salud y de las prestaciones básicas de las personas con discapacidad, como derecho constitucional, está siendo cotidianamente agredida por un cuadro de situación que convierte a las áreas responsables del Estado en una variable más de ajuste.

La falta de presupuesto, el desinterés por esta población por parte de gobernantes y dirigentes, la mezquindad que lleva a no ver más allá de los propios intereses, la lucha de los grupos de poder económico por quedarse con determinados negocios, lleva a que gran cantidad de personas con discapacidad no pueden gozar de estos derechos, y quienes reciben atención ven peligrar la misma por el permanente retraso en los pagos, o por el recorte sistemático de prestaciones reconocidas y brindadas desde hace mucho tiempo.

En este punto hay que llamar la atención sobre el insuficiente desarrollo de recursos humanos e institucionales en gran parte del país. Por tanto es necesaria una política activa que lleve a garantizar la universalidad de las prestaciones para toda la población que lo requiere.

Se necesita una implementación eficiente de las políticas de prevención de la discapacidad en todos sus niveles.

Dentro de este contexto un párrafo aparte lo requiere la situación del I.N.S.S.J.P. (PAMI). Allí miles de personas con discapacidad ven peligrar su derecho a la atención integral que demanda sus requerimientos básicos. Históricamente el Instituto ha desarrollado programas que lograron elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Creemos que se quiere provocar su ineficiencia para ser desarmado y así el “negocio de la salud” quede en manos de otros. Esta última afirmación se podría hacer sobre las Obras Sociales y los Hospitales Públicos.

Es necesario ampliar el presupuesto de las pensiones no contributivas por invalidez porque es el modo con que las personas con discapacidad en situación de carencia socio-económica, puedan hacer frente a su situación, asegurándoseles el acceso a la atención integral de sus requerimientos (salud y prestaciones básicas).

Exigimos un giro drástico de política, que restituya su capacidad de cobertura a los hospitales públicos y a las obras sociales sindicales, y la cobertura prestacional integral de las personas con discapacidad, cualquiera fuere su situación social. Asimismo creemos necesario el inmediato abordaje de la problemática de la seguridad social en todos los aspectos vinculados con la discapacidad.

6.- Financiamiento y presupuesto: Gran parte de las situaciones críticas y la insuficiencia descripta en los párrafos anteriores, tiene su origen en las restricciones presupuestarias y la desviación de fondos legalmente asignados al financiamiento de programas y prestaciones para las personas con discapacidad. Todos los gobiernos han restringido, desviado o negado fondos al financiamiento de las políticas públicas del área. Lo que era afirmado en los discursos era sistemáticamente negado en los hechos.

Por eso exigimos establecer políticas prioritarias para las personas con discapacidad, con presupuestos suficientes y adecuados en los ministerios y demás organismos públicos.

A su vez debe destinarse un fondo – independiente de las partidas ministeriales y con destinos diferentes a ellas - en un piso no inferior a los trescientos millones de pesos para ser manejados por el Comité Coordinador de Programas y Proyectos a favor de las Personas con Discapacidad (ex-comité de la Ley del Cheque). Desde allí se vienen implementando programas dirigidos a todo el país y enfocados a diversas temáticas que atañen a esta realidad.

Expresamos nuestro rechazo a la quita de fondos correspondientes a las multas que establecía la ley 24.452 y que nunca llegaron en su totalidad a los programas destinados a la integración social de las personas con discapacidad, sino que fueron dirigidos a cubrir otras necesidades presupuestarias. Exigimos la reparación histórica de dicha desviación de fondos mediante la restitución de la totalidad de los mismos.

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas deberá tener la facultad de ejercer un monitoreo sobre los diversos organismos estatales tanto en el nivel programático como de lo efectivamente llevado adelante.

Ya que el Tercer Sector no tuvo conocimiento del contenido del Ante-Proyecto del Presupuesto 2002, exigimos que se garantice la participación de las ONGs del sector en la conformación del presupuesto y del seguimiento de su aplicación. 

7.- El compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad: Además de los reclamos y exigencias formulados en los párrafos precedentes, en relación con las políticas públicas del área, queremos dirigirnos a los poderes del Estado y a otros actores sociales significativos:

* A las y los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, les exigimos genuina voluntad política para elevar las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad, a partir del pleno reconocimiento de su condición ciudadana, es decir como sujetos plenos de derecho. La discapacidad con toda su diversidad de dimensiones, debe ser un tema de Estado, no relegado a un abordaje meramente asistencial ni delegado, con deserción de las agencias del sector público, en la sociedad civil. Se debe garantizar una efectiva trasversalidad de las políticas, en relación con las personas con discapacidad.

* Al Poder Judicial le exigimos asumir una actitud de vigilancia a fin de garantizar el estricto respeto por la legislación vigente y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido creemos indispensable que se impulse la capacitación de las y los funcionarios judiciales, con el propósito que interpreten de una manera clara, las disposiciones normativas atendiendo a la perspectiva de las personas con discapacidad.

* Al mundo del trabajo, incluyendo a los sindicatos y a las organizaciones empresarias les pedimos que tengan en cuenta tanto en los convenios colectivos de trabajo, como en la vida cotidiana en las empresas, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.

* A los medios de comunicación social: les solicitamos que divulguen una imagen positiva y digna de la población con discapacidad, que coadyuve a eliminar los estereotipos culturales que impiden la potenciación social, económica, política y cultural del colectivo de las personas con discapacidad y de cada una de ellas.

Ha llegado la hora de establecer un compromiso público y definido. Los dirigentes argentinos de todos los sectores gubernamentales, políticos, sindicales, empresarios, educativos, comunicacionales y de las organizaciones no gubernamentales, debemos comprometernos para que no se continúe permitiendo el maltrato y la negación de los derechos de las personas con discapacidad, y para que la igualdad de trato y de oportunidades garantizados por los tratados internacionales, la Constitución Nacional (art. 75, inc. 23) y la legislación vigente, se traduzca en lo inmediato y en los hechos en una nueva y vigorosa política de integración social, cultural, laboral y económica de las personas con discapacidad, a partir de una clara, definida y significativa asignación presupuestaria.

 

Las siguientes organizaciones que convocaron a las Jornadas sobre Ciudadanía y Derecho a la Integración Social de las Personas con Discapacidad, suscriben esta Carta Abierta: CTA - Central de los Trabajadores Argentinos – Departamento de Trabajadores Discapacitados, FORO PRO - Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI - Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Arquidiócesis de Buenos Aires - Comisión para las Personas con Discapacidad, AMIA - Secretaria de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina, CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales y APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

 

Para adherir a este documento enviar una nota por email a jornadas_discapacidad@hotmail.com o a Foro Pro: Venezuela 584 – CP.:1095- Buenos Aires – Argentina - Tel/Fax: 4331-7469 / 4331-5256.