Informe 2005:

Análisis de la situación y las políticas públicas en relación con la afirmación de derechos de las Personas con Discapacidad

 

El Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley N° 25.280), después de analizar los aportes de distintos miembros, particularmente de aquellos representantes de organismos del sector público que intervienen en su condición de adherentes u observadores, da a conocer el siguiente documento que intenta evaluar lo ocurrido durante el año 2005.

 

El presente informe tiene aspectos incompletos, particularmente en lo referido a muchas provincias. Nos comprometemos a trabajar en ese sentido durante el año 2006 para obtener un panorama integral.

 

Avances y retrocesos en materia de Discapacidad

 

Si bien la mayoría de los elementos reunidos en este Informe no alientan una visión optimista de la realidad del ámbito de la discapacidad, nos proponemos analizar aquellos hechos que constituyen avances y diferenciarlos de los que significan severos estancamientos o retrocesos.

 

Avances

1. Acciones de organismos públicos nacionales

           

Continuó durante 2005 la acción de los organismos de promoción de derechos y control de las acciones de gobierno. Hemos recibido informes detallados de la actuación de algunos de ellos y están a disposición de quienes lo soliciten. Tal el caso del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Unidad Especial para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

 

Se detallan a continuación algunas acciones significativas:

 

1.1. Defensoría del Pueblo de la Nación

 

El Defensor del Pueblo de la Nación ha recomendado (Resolución 88/2005) al Servicio Nacional de Rehabilitación que adopte  medidas para agilizar el procedimiento empleado actualmente para otorgar los turnos de evaluación de las juntas médicas, con el fin de que se expidan sin demoras los certificados de discapacidad. El Defensor ha comunicado al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (CONADIS).

 

1.2. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

 

La Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería continuó desarrollando durante este año una tarea significativa en la afirmación de derechos de las personas con discapacidad. Ha  participado activamente en la presentación de propuestas para el anteproyecto de Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Para ello, ha realizado consultas con distintas Organizaciones No Gubernamentales, incluidas las que conforman este Comité.

 

Otro motivo de reconocimiento es la inclusión del tema discapacidad en la agenda de la Cumbre de las Américas, gracias a la intervención activa de la Cancillería, que respondió así positivamente a una presentación efectuada por este Comité.

 

1.3. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

 

Dicha Secretaría conjuntamente y  por Convenio con la Central de Trabajadores Argentinos, al cual se incorporó posteriormente el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y  Pensionados (PAMI) y el Programa de Formación de Directivos Públicos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), desarrollo un programa de Jornadas Regionales  de  Discapacidad y Derechos Humanos, con el objetivo de difundir la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

1.4. Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad.

       Ley N° 25.730

 

El  Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad -conformado por el dinero proveniente de las multas a los cheques rechazados-, pudo terminar de abonar los proyectos adeudados y subsidiar proyectos presentados durante el este año, al respetarse la recaudación correspondiente. Este Comité recomienda realizar una campaña de difusión sobre la disponibilidad del Fondo y que se traspasen las sumas no utilizadas al año 2006.

 

1.5. H. Senado de la Nación

 

Desde el 1º de enero se incorporaron a la Planta Temporaria  dieciséis personas con discapacidad, ex pasantes del Convenio suscripto oportunamente entre la Presidencia del H. Senado de la Nación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

1.6. Vivienda

 

Es de destacar la Disposición 3405 de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación que aprueba las "Directrices de Accesibilidad para viviendas de interés social" y las "Directrices para la Accesibilidad al medio urbano". Ambas serán de cumplimiento obligatorio para todas las obras que se financien a través de los programas federales actualmente en marcha y de los que se implementen en el futuro. Se invita al Consejo Nacional de la Vivienda a promover su aprobación para que sean obligatorias en las obras que se financien a través del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi.).

 

1.7. Comunicación Social

 

Se sigue percibiendo un crecimiento en la toma de conciencia de algunos sectores dentro de los medios de comunicación social, con respecto al lugar de ciudadanos que les corresponde a las personas con discapacidad dentro de nuestra sociedad.

           

El Comité Federal de Radiodifusión y Televisión (COMFER), ha editado el libro "Pautas de Estilo Periodístico sobre Discapacidad", destinado a las personas vinculadas a la comunicación, para contribuir a su formación con respecto al tratamiento de la temática de la discapacidad. Teniendo como criterios rectores los derechos humanos, la equiparación de oportunidades y la inclusión social de todas las personas.

 

1.8. Red de Defensores

 

Por acuerdo de los defensores del pueblo de las provincias ha quedado constituída la Red de Defensores de Personas con Discapacidad.

 

1.9. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

 

Ha publicado el libro "Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación" con un capítulo referido a la situación de las personas con necesidades especiales.

 

2. Acciones de organismos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

 

2.1. Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con   Necesidades Especiales (COPINE)

 

La definitiva integración de la COPINE en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la incorporación de miembros que representan a las Organizaciones No Gubernamentales en el marco del sistema dispuesto en la Ley N° 447 (CABA) debe consignarse como un hecho positivo. No obstante, sería deseable una mayor actividad y efectividad en la tarea.

 

2.2. Ley N° 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Es de destacar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción y reglamentación de la Ley N° 1502, que establece un cupo del 5% para las personas con discapacidad, en las vacantes que se produzcan en planta permanente, personal contratado y empresas que tercerice el gobierno de la Ciudad.

 

 2.3. Educación

 

Se destaca este año la creación de la Tecnicatura en Lengua de Señas Argentina, carrera que depende de la Dirección General de Educación (Secretaría de Educación - CABA). De ésta manera se avanza hacia la legitimación del lenguaje de señas.

 

2.4. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

       Transporte

 

Se han realizado operativos de3stinados a lograr el cumplimiento del Decreto 38/04 en la Terminal de Ómnibus de Retiro. Se efectuaron entrevistas con el secretario de Transportes de la Nación, que incorporó el tema a su agenda y se comprometió a instrumentar las medidas tendientes a la aplicación de multas, en forma inmediata, a las empresas incumplidoras.

 

3. Universidades

 

Continuando el trabajo propiciado por varias universidades, en algunas de ellas se han creado programas o comisiones para atender a las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires se ha propiciado la creación de Comisiones en todas las unidades Académicas, tarea que se encuentra en proceso de realización, con avances muy significativos en algunas facultades. Ha comenzado a operar el Área de Discapacidad del Rectorado, después de la prolongada demora que señalamos como un hecho negativo en nuestro Informe de 2004.

 

4. Presencia pública de la temática de discapacidad

 

Se ha intensificado la presencia de la temática de la discapacidad en ámbitos políticos, civiles, académicos y profesionales, que se traduce en la proliferación de artículos periodísticos, tesis y tesinas universitarias, jornadas, seminarios, cursos de capacitación y también movilizaciones, que incluyen crecientemente la cuestión de la defensa y promoción de los derechos humanos y contribuyen a superar la "invisibilidad" social de las personas con discapacidad.

 

 

RETROCESOS

 

Los hechos parecerían seguir corroborando que la afirmación de los derechos de las personas con discapacidad no es una cuestión socialmente significativa, ni está incorporada en la agenda pública en el nivel de la mayoría de los organismos del Estado a nivel  nacional, provincial y municipal.

 

1.    Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS)

 

No podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por la pérdida de proyección del organismo como principal referente de las políticas públicas de afirmación de derechos de las personas con discapacidad.

 

Esto produce que la temática no tenga presencia en los diversos ámbitos del Estado nacional con monitoreo del proceso.

 

2. Ministerio de Desarrollo Social

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003, dejan en evidencia que las acciones de éste Ministerio son insuficientes con relación a las necesidades de un importante sector de la población. Asimismo, se visualiza internamente un déficit de conocimiento sobre la temática. Este Comité estima que por la naturaleza de las responsabilidades del organismo, resulta indispensable ajustar sus funciones con el fin de integrar específicamente en sus objetivos la situación de las personas con discapacidad. Para ello se considera necesario establecer un área específica con los recursos adecuados a las múltiples acciones que esto demanda.

 

3. Transporte público de pasajeros y accesibilidad

 

Persisten las causas que determinan discriminación de las personas con discapacidad, debido a que no se han suprimido barreras en el transporte y en los ámbitos urbanos y edilicios, lo cual se manifiesta en diversos aspectos:

Es escasa y deficiente la incorporación de condiciones de accesibilidad en estaciones y unidades de transporte;

No se cumplen las frecuencias mínimas establecidas para el transporte automotor de jurisdicción nacional;

Los escasos elementos de accesibilidad (como rampas o ascensores) incorporados están deteriorados o inutilizados por falta de mantenimiento;

Se ejecutan obras con alta inversión que no cumplen los requisitos legales específicos y licitaciones que impiden o limitan fuertemente la accesibilidad por un prolongado lapso al no tener en cuenta la legislación vigente.

 

Por otra parte, la Secretaría de Transporte no da curso al anteproyecto de decreto que redactaron, hace ya dieciocho meses, las Ong's y CONADIS. Este anteproyecto propone soluciones para normalizar la deuda de incorporación de aproximadamente 3500 colectivos accesibles. En cambio, la Secretaría de Transporte promueve por acción u omisión situaciones que restringen la autonomía de las personas con movilidad reducida en el uso de los servicios y mantiene la conducta negativa de anteriores gestiones, sin tener en cuenta dictámenes del INADI y de la Auditoria General de la Nación. La Secretaría omite el cumplimiento de sentencias judiciales firmes a favor de las personas con discapacidad.

 

En este marco consideramos de suma gravedad que últimamente los organismos que deben evaluar, verificar y hacer cumplir las normas específicas -CONADIS y Comité de asesoramiento y contralor del Cumplimiento de los arts. 20, 21 y 22 de la ley 22.431- dejen estas funciones solamente en manos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

 

Ha sido notorio que muchas empresas han incumplido las disposiciones del Decreto N° 38/04, que establece la obligatoriedad de entregar pasajes sin cargo a las personas con Certificado de Discapacidad.

 

Más allá de las promesas realizadas por la Secretaría de Transporte, de los importantes operativos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de la acción judicial iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y de los múltiples reclamos presentados por personas con discapacidad, el incumplimiento es la realidad más extendida a nivel nacional.

 

4. Trabajo

 

Aún no se ha reglamentado la Ley N° 25.689, que  extiende el cupo establecido por el artículo 8º de la Ley N° 22.431 a otras vacantes de la administración pública y a las empresas privatizadas o concesionarias de servicios públicos. Por lo tanto, no es posible la incorporación de personas con discapacidad idóneas en la Administración Pública Nacional por el congelamiento de la planta permanente.

 

Continúa la falta de cumplimiento de lo dispuesto en materia de trabajo en el Convenio 159 de la OIT. Esto demostraría negligencia por parte del Estado argentino en sus compromisos internacionales.

 

La ley 24.147 que regula el empleo protegido, carece de aplicación concreta, ya que sus artículos 6º y 7º establecen la fijación de una partida presupuestaria específica para incentivar la creación y compensar los desequilibrios de los talleres protegidos de protección. Tampoco la creación de la Comisión Permanente de Asesoramiento para la distribución de los fondos provenientes de las partidas presupuestarias se concretan en la realidad.

 

La falta de aportes jubilatorios a quienes trabajan en talleres protegidos llevo al Estado a dictar el Decreto 1125/01 que impide a la AFIP accionar judicialmente contra los mismos. Actualmente y luego de la caducidad del Decreto 318/04 no existe reglamentación alguna.

 

La ley 24.013 establece la forma de contratación para los trabajadores con discapacidad y los incentivos para los empleadores, pero éste tema ha tenido escasa difusión.

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley N° 1502 reglamenta el cupo constitucional del 5%, pero no se ve una política sostenida en cuanto a la contratación de personas con discapacidad. Existe un decreto que condiciona la implementación de la misma hasta tanto se cumpla con el relevamiento del total del personal, algo que se realiza muy lentamente obstaculizando la incorporación de los aspirantes.

 

En relación a los pequeños comercios otorgados a personas con necesidades especiales, el déficit mayor es la falta de asesoramiento y facilidades financieras para que se constituyan en una verdadera salida laboral.

 

5. Comunicación Social

 

Falta desde el Estado un plan de difusión a través de los medios de comunicación sobre la temática de la discapacidad, este plan debería involucrar las áreas de: prevención, información y concientización hacia la población sobre el tema

 

Se sigue postergando la sanción de una ley sobre Subtitulado Opcional.

 

6. Educación

 

Este Informe evalúa el cumplimiento del objetivo principal del sistema educativo general: "Fomentar y concretar la integración e inclusión de alumnos con necesidades especiales, con necesidades de apoyo extensas y generalizadas"

 

Persiste, aún hoy, una marcada tendencia a la educación segregada, correspondiente a un modelo educativo que apunta sólo a las características de los alumnos y no a la interacción entre ellos y la situación educativa. Sin embargo, muchas veces se constituyen barreras para el aprendizaje y participación de los alumnos que generan situaciones de desventaja.

 

Se carece de un programa nacional de educación inclusiva que promueva políticas en todos los niveles de escolaridad.

 

Para lograr la integración de niños/as o jóvenes en la educación común, en muchos casos, los  padres deben desempeñar un rol muy activo, muchas veces hasta deben presentar recursos de amparo, dado que la incorporación, depende aún de la decisión de los directivos y docentes de las instituciones educativas.

 

En algunas provincias existen equipos interdisciplinarios itinerantes que brindan apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales  integrados a la escuela común. La eficacia y continuidad de esos equipos ha estado siempre sujeta a la disponibilidad de recursos para los traslados, los que lamentablemente disminuyeron a partir de la emergencia económica del año 2001.

 

La formación docente general no incluye la temática de la educación de personas con discapacidad, más allá de algunas escasas excepciones

 

En referencia a la educación de niños y adolescentes sordos, hay una marcada tendencia a la educación segregada. Si bien se ha incorporado en algunas escuelas el bilingüismo, persiste el no reconocimiento del lenguaje de señas como primera lengua.  

Aún el 70% de los edificios escolares no tiene instalaciones de ningún tipo para personas con discapacidad motora, según datos del Censo Nacional de Instituciones Educativas publicadas en el año 2004.

La inclusión de alumnos con necesidades educacionales especiales presenta mayores barreras físicas, culturales y actitudinales, en la Educación Media,

 

7. Universidades

 

No ha variado sensiblemente la situación de las universidades como expulsoras de las personas con discapacidad. No sólo casi carecen de accesibilidad física, sino que  no cuentan con servicios de orientación para la recepción y el acompañamiento hasta su egreso. Persiste la ausencia de formación específica para profesionales de distintas disciplinas respecto de la problemática de la discapacidad, en el nivel de grado y en el de posgrado, aun cuando ya puede hablarse de la existencia de algunos cursos de especialización.

 

8.- Deporte

 

Es notoria la falta de accesibilidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en clubes de barrio, haciendo prácticamente imposible la creación de escuelas de iniciación deportiva para personas con necesidades especiales.

La Dirección de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no parece preocupada por fomentar o difundir la práctica deportiva de las personas con discapacidad. Nos preocupa el hecho de que esta Dirección organizó la Media Maratón y la Maratón Internacional de la Ciudad, sin otorgar, en la recepción de premios, un trato iglualitario a las personas con discapacidad.

 

9. Discapacidad y Pobreza

 

Debemos continuar denunciando la  situación de las personas con discapacidad y sus familias en situación de pobreza. La mortalidad infantil ha descendido, pero aún es elevada en las regiones del NOA y NEA y un alto número de los niños que sobreviven padecen algún tipo de discapacidad. No se percibe la ejecución eficiente y eficaz de programas específicos que morigeren las causales estructurales que impactan de manera tan dramática en los grupos de mayor vulnerabilidad.

 

En muchos casos los niños como las personas mayores que con una rehabilitación adecuada podrían lograr una plena integración en la sociedad, permanecen en la más absoluta marginación, precisamente por su condición de pobres. Hay lentitud en las respuestas, en algunas provincias.

 

10. Certificados de Discapacidad

 

La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad revela datos preocupantes, tan solo el 14,6% (318.354) de los encuestados cuenta con el certificado de discapacidad, mientras que el 81,8% (1.779.709) carecen del mismo.

 

Hay dificultades en el otorgamiento de los Certificados de Discapacidad. Por un lado, el sistema, aún muy centralizado, insume excesivos tiempos para  obtener este documento; por otro lado, no hay suficientes Juntas capacitadas para responder a las necesidades de los interesados.

 

Las dificultades más frecuentes son: Certificación de discapacidad mental y visceral; déficit en el manejo de los instrumentos de evaluación de la discapacidad; falencia en la redacción de denegatorias y en el llenado del protocolo de evaluación; y recursos humanos insuficientes; alta rotación del personal por régimen de contratación.

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha no ha puesto en funcionamiento el sistema que permita obtener el certificado en sus hospitales. En consecuencia, gran cantidad de personas recurren al ya saturado Servicio Nacional de Rehabilitación. A manera ilustrativa: el 35% de los pedidos de certificados que recibe el Servicio Nacional de Rehabilitación son de habitantes que viven en la Ciudad.

 

11. Salud

 

La carencia de políticas centralizadas de prevención y de rehabilitación. Existen escasos centros de rehabilitación, no aptos para dar atención a toda la población requiriente, y no se encuentran distribuidos uniformemente en todo el territorio nacional.

 

Además, se registran casos muy graves de incumplimientos de la Ley N° 24.901, que obliga a las Obras Sociales y empresas de medicina prepaga a cubrir los tratamientos de las personas con discapacidad; como así también la falta de equipos interdisciplinarios que orienten a las familias y personas con discapacidad. Se mantienen las dificultades de acceder al transporte gratuito en los distintos servicios, tal cual los alcances del artículo 13 de la Ley N° 24.901.

 

Tampoco existe una política de capacitación de los profesionales de la salud en prevención y particularmente, en la atención específica de la población con necesidades especiales.

 

Siguen sin implementarse las redes de rehabilitación nacionales.

 

Los beneficiarios del Programa Federal de Salud (PROFE) continúan con enormes dificultades para acceder a los servicios prestacionales.

 

 12. Accidentes

 

Hay una alarmante prevalencia de accidentes de tránsito y de trabajo entre las causas de discapacidad en el grupo etario de 15 a 65 años. Es evidente que persisten actitudes que favorecen este tipo de accidentes; es necesario encarar con mayor rigor y eficacia una política de prevención se impone.

 

13. Colonia Montes de Oca

 

La Colonia está en un situación grave, que  afecta  los derechos humanos de sus casi mil residentes. Presenta varios problemas: hacinamiento, aislamiento social, falta de un programa integral, provocando  una inadecuada atención a las necesidades de los residentes. Se vulnera la normativa vigente.

 

14. Comisión Bicameral Investigadora de la ley del cheque- Ley 25.757

 

Sancionada en julio de 2003, fueron nombrados sus integrantes a  mediados del año 2004, comenzando a funcionar en marzo del 2005. Se realizaron solamente dos reuniones de carácter organizativo. Se desconoce si sigue funcionando o si finalizó su intervención sin realizar ninguna investigación.

 

 15. Ley N° 25.280

 

Percibimos como un hecho muy negativo que el proyecto de decreto reglamentario de la Ley N° 25.280 (Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad) continúe sin una definición. Si bien no se formulan objeciones de fondo, inexplicablemente se retrasa su aprobación final.

 

16. Vivienda

 

La especificación de un mínimo de construcción de un 5 % de viviendas accesibles de los planes sociales pareciera ser algo positivo, pero en realidad es un dato negativo porque de esta manera se continúa la producción de barreras en el 95% de las nuevas viviendas.

 

El Estado Nacional va a invertir diecisiete mil millones de pesos en la construcción de 300.000 viviendas, de las cuáles solamente 15.000 serían accesibles, lo que constituye en sí mismo un nuevo retroceso, pues se está considerando en forma indebida que la mayoría de las familias están exentas de las circunstancias que rodean la discapacidad. Con esta medida, se discrimina y no se valora el derecho a la accesibilidad para todos los ciudadanos.

 

17. Ejercicio de derechos políticos. Comicios

 

En los recientes comicios nacionales, se ha observado la elección de lugares de votación con barreras que impiden el acceso y generalmente no se toman las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan realizar su voto en forma autónoma.

 

 

Conclusión final

 

Como conclusión tenemos que decir que los avances marcados no llegan a producir eficazmente cambios significativos en la grave situación de exclusión social en que se encuentra la mayoría de las personas con discapacidad, mientras que los hechos negativos persisten en el tiempo o se genera una preocupante discriminación de ésta población.

 

La gravedad que implica la indiferencia hacia estas personas y su realidad debe ser valorada en toda su magnitud teniendo en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) 2002-2003, complementaria del Censo Nacional 2001 y el desarrollo económico obtenido durante el 2005.

 

La ENDI señala que sobre una población total de 2.176.123 personas con discapacidad, el 81.8% no posee certificado que les permita acceder a sus derechos y se estima que más del 40% no cuenta con la cobertura de seguridad social.

 

Asimismo, es probable que estimar en un 80% el porcentaje de desocupación en personas con discapacidad en condiciones de trabajar sea una evaluación optimista.

 

Hoy existe en nuestro país una mayor estabilidad política y social, una importante mejora de las cuentas del Estado nacional y un sostenido crecimiento económico, lo que se ve limitado por un exigido cumplimiento en el pago a los organismos internacionales.

 

Siendo los indicadores económicos actuales alentadores, no se comprende la razón que lleva a dilatar las políticas que permitirían crear mejores condiciones para el acceso a una vida digna para todos.

 

Nos preocupa que en  el Presupuesto Nacional el total de los recursos asignados específicamente a discapacidad, refleja una inversión entre $ 0,04 y $ 0,08 por persona con discapacidad y por día. (La Discapacidad en la Argentina, Cap. III - Fundación Par - octubre 2005)

 

Tal cual lo señala la ENDI, mayores son las dificultades para las personas con discapacidad para acceder al trabajo, a la educación, a la salud y a los servicios públicos. Mayores son también sus costos, el aislamiento social y las dificultades que las familias deben enfrentar diariamente.

 

Por lo tanto no podemos dejar de expresar nuestra indignación frente a la persistencia de formas de discriminación de las personas con discapacidad, la ausencia de políticas públicas y la gravísima situación de pobreza y desempleo existente.

 

Estamos convencidos que no se formulan políticas con la energía y decisión que en otros planos identifica la acción gubernamental. Es desde aquí que debe valorarse la importancia de la CONADIS como principal referente de las políticas públicas de este sector y la necesidad de dotarla de las competencias que esta temática exige.

 

Observamos con dolor que si bien no se niega el derecho que asiste a las personas con discapacidad simplemente no se ejecutan las políticas pertinentes. La demora y la inacción parecen ser el rasgo distintivo de la acción pública en esta materia.

 

Presentamos este Informe como un aporte para los distintos responsables del Estado a fin de que esta situación se modifique.

 

Estamos a disposición de quiénes deseen dialogar a fin de trabajar juntos por el bien común.

 

Sabemos que es posible construir otra realidad,  Esperamos poder concretar en un futuro cercano ésta aspiración y que las personas con discapacidad puedan vivir en plenitud su ciudadanía, desde el goce irrestricto de sus derechos.

 

Agradecimiento

 

A todas aquellas personas comprometidas con la temática de la discapacidad que nos han acompañado y que participan en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, incluso aquellos que han elegido otras metodologías de acción pública para el logro de los mismos objetivos.

 

Y también a todos los representantes de organismos públicos, que colaboraron en carácter de miembros adherentes, así como las personas que actúan como observadores participantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firmantes:

 

 AMIA - Comunidad Judía -  Área de Discapacidad - Programas Sociales

 

Arzobispado de Buenos Aires - Comisión para las Persona con Discapacidad

 

Central de los Trabajadores Argentinos - CTA - Departamento de Discapacidad

 

Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad - Foro PRO

 

 

           

Miembros Adherentes:

 

Auditoría General de la Nación - AGN

 

Comisión de Discapacidad - H. Cámara de Diputados de la Nación

 

Comisión de Población y Desarrollo Humano - Área de Discapacidad - H. Senado de la Nación

 

Comisión Nacional para la Plena Integración de las Personas Discapacitadas - CONADIS

 

Comité Federal de Radiodifusión y Televisión - COMFER

 

Comité para la Integración de las Personas con Necesidades Especiales - COPINE - GCBA

 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - GCBA

 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

 

Defensoría del Pueblo de la Nación

 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI

 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Subgerencia de Discapacidad

 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  y Culto

 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Unidad de Grupos Vulnerables

 

Secretaría de Derechos Humanos - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

 

 

Subsecretaría de la Gestión Pública - INAP

 

 

Observadores Participantes:

 

Ing. Elena Dal Bó

 

Sr. Miguel De Mársico

 

Dr. Hugo García Garcilazo

 

Dr. Máximo Gómez Villafañe

 

Sr. Omar Zárate