Análisis de la Situación y las Políticas Públicas en relación con la Afirmación de Derechos de las Personas con Discapacidad

 

- Informe 2004 -

 

 

 

 

El Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley 25.280), después de analizar los aportes realizados por  distintos miembros, particularmente de aquellos que lo hacen en su condición de  adherentes representantes de organismos del sector público, da a conocer el siguiente documento, que intenta evaluar lo ocurrido durante el año 2004 en relación con la afirmación de derechos de las personas con discapacidad.

 

 

Avances y Retrocesos en materia de Discapacidad.-

 

Si bien no hay elementos para alentar una visión optimista de la realidad en el ámbito de la discapacidad, se han producido algunos hechos que constituyen avances y otros que significan severos estancamientos o retrocesos Los mencionamos a continuación:

 

Hechos positivos o avances

 

 

1.- Población con Discapacidad

 

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en base a informes censales y encuestas complementarias, han permitido determinar la existencia, al menos, de 2.200.000 personas con discapacidad, con la siguiente distribución etárea: niños 12%, jóvenes y adultos (45%) y ancianos (40%).

Este aporte del INDEC, aunque cuestionado por algunos que consideran que el número de personas con discapacidad es mayor, constituye un paso muy positivo.

Necesitábamos saber, el número, la distribución y las características de la población con discapacidad pues, a pesar de las fallas que pueda tener, es un punto de partida importante para la formulación  de políticas públicas y la evaluación comunitaria de su aplicación.

La cifra es significativa. 2.200.000 personas, superan la población de varias provincias argentinas. Trabajando los datos se pueden obtener informaciones significativas, como, por ejemplo, inferir el número de personas con discapacidad que no llegan a completar estudios secundarios ni acceden a la universidad o la cantidad de personas con discapacidad potencialmente aptas para el trabajo y que requieren tutorías y programas de capacitación laboral. También es importante el dato de que el 40% de esta población está fuera de la seguridad social.

 

2.- Transporte público de pasajeros

 

 

2.1.Dictámenes  de organismos del Estado Nacional, sobre el incumplimiento legislativo y presunta discriminación:

 

Pese a tener como causa el incumplimiento de la normativa vigente, también consideramos como hechos positivos a los siguientes dictámenes, resoluciones e iniciativas reglamentarias producidos por organismos del Estado:

 

Auditoría General de la Nación (AGN)

 

a)     Resolución Nº 196/03

 

Demuestra el incumplimiento de la Ley Nº 24.314 y los Decretos Nº 914/97 y Nº 467/98 en el Transporte Automotor de pasajeros.

La AGN puso en conocimiento de la misma al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la Secretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Esta Resolución tuvo su origen en la denuncia formulada por dirigentes de instituciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad (Abraham Felperín (AMIA), Carlos Ferreres (CTA), Pablo Molero (Foro-Pro) y Verónica Ballester (Comisión pro Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida).

 

b)     Resolución Nº 201/03

 

Demuestra el incumplimiento de la Ley Nº 24.314 y el Decreto Nº 914/97 en el Transporte Ferroviario  de pasajeros por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la empresa Trenes de Buenos Aires S. A.

La AGN puso en conocimiento de la misma al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la Sindicatura General de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

 

c)      Resolución Nº 84/04

 

Demuestra el incumplimiento de la Ley Nº 24.314 y el Decreto Nº 914/97 en el Transporte Ferroviario  de pasajeros por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la empresa Transportes Metropolitanos Gral. Roca S. A.

Fue puesta en conocimiento del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Transporte, la Sindicatura General de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

 

 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

 

 

a)     Dictamen Nº 114/04 

 

Establece la existencia de  prácticas discriminatorias por parte de la  Secretaría de Transporte de la Nación como consecuencia del incumplimiento reiterado de la legislación sobre transporte automotor de pasajeros adaptado para personas con movilidad y comunicación reducida.

Este dictamen tuvo origen en la denuncia formulada por dirigentes de diversas  instituciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad (Abraham Felperín – AMIA -, Carlos Ferreres – CTA -, Pablo Molero - FORO-PRO -  y Verónica Ballester - Comisión pro Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida -) y la remisión de la Resolución Nº 5998/03 por parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de que el INADI dictamine si la problemática planteada constituye discriminación en los términos de la Ley Nacional Nº 25.280. Lamentablemente, como es de público conocimiento, Abraham Felperín, falleció en diciembre de 2003, sin haber conocido este resultado favorable.

El Dictamen del INADI fue puesto en conocimiento del Ministerio Público “a los fines de instar a que cese su actividad ante lo que a prima facie constituiría un incumplimiento de los deberes de funcionario público y una flagrante violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad”. Asimismo, fue girado a las siguientes áreas del Gobierno Nacional: Ministerio de Planificación Federal;  Interior;  Justicia, Seguridad y Derechos Humanos – Secretaría de Derechos Humanos -;  Jefatura de Gabinete de Ministros;  Comisiones de Transporte de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires; la Auditoría General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, “a los fines que estimen corresponder a tenor de sus respectivas competencias y atribuciones.”

 

2.2.- Transporte Gratuito

 

Debemos destacar, como hecho positivo, el dictado del Decreto Nº 38/04 y la Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 31/04 que reglamentan  la Ley Nacional Nº 25.644, modificatoria de su similar Nº 22.431, haciendo extensivo a todo motivo de viaje, la gratuidad otorgada en el transporte público terrestre bajo jurisdicción nacional para las personas con discapacidad. La misma, alcanza a un acompañante cuando su necesidad conste en el Certificado de Discapacidad.  

La reciente aprobación, en algunas provincias y ciudades, de normativa de similares características, que garantizan la gratuidad del transporte público para las personas con discapacidad, constituye un hecho positivo más.

 

2.3.- Anteproyectos de normativas reglamentarias en estudio por el Poder Ejecutivo Nacional

 

a)     Decreto para la normalización del defectuoso cumplimiento del Decreto Nº 467/98 y del Decreto Nº 914/97 (este último en lo que se refiere a transporte automotor de larga distancia).

 

La CONADIS, CTA, FORO PRO  y AMIA, redactaron en conjunto este  anteproyecto que contempla un Plan de Normalización de la Deuda por Falta de Incorporación de Unidades adaptadas y otro de Optimización de Recursos Disponibles.

Se encuentra en estudio en la Secretaría de Transporte  desde el 14 de julio de 2004.

 

b)     Proyecto de Resolución que aprueba el Protocolo de Especificaciones Técnicas para Rampas y Plataformas Elevadoras destinadas al Acceso en Vehículos de Transporte Automotor Colectivo de Pasajeros.

 

Su aprobación evitaría que se continúen incorporando vehículos con mecanismos de acceso que incumplen con las características estipuladas por la Ley Nº 24.314.

Se encuentra en estudio en la Secretaría de Transporte.

2.4. Transporte Aéreo

 

 Al negarse a transportar a una  persona con discapacidad sin un acompañante, la empresa SOUTHERN WINDS LINEAS AEREAS S. A. recibió la orden judicial de no atenerse a la normativa en la que se basó para justificar su conducta.

 

3.- Ley 447 (COPINE)

 

La publicación del decreto Reglamentario de la Ley 447 de la Ciudad de Buenos Aires que crea la Comisión para la Integración de las Personas con Necesidades Especiales, la designación de su Presidente y de los cuatro vocales gubernamentales que integran su Directorio (Salud, Educación, Desarrollo Social e Infancia e Infraestructura y Servicios Públicos) y la reciente apertura del llamado público a las instituciones de y para personas con discapacidad  a integrar el Registro de Entidades contemplado en la misma ley, para conformar el Consejo Asesor Honorario, constituyen todo un avance en la reafirmación de los derechos de las personas con discapacidad, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Este resultado, que demandó más de dos años en su concreción, fue objeto de una permanente demanda de las ONG’S del sector y también de un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

 

4.- Trabajo

 

Es de destacar  la sanción de la ley 1502 de la Ciudad de Buenos Aires que reglamenta el cupo del 5% de personas con discapacidad para cubrir vacantes en la planta de personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la apertura de un registro a tal fin. Sin embargo ha habido un cuestionamiento unificado por parte de las ONGs del sector al art. 2 de la citada normativa que, al limitar el ingreso de personas con discapacidad a cargos de Planta Permanente en el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, podría tener un alcance discriminatorio.

Asimismo, cabe remarcar la puesta en marcha por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Programas dedicados al apoyo de micro emprendedores, para la capacitación y la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad.

Por otra parte con el voto unánime de sus siete integrantes en funciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 46 y 39 de la ley de Riesgos del trabajo (LRT) 24.557, lo que es favorable para la consideración de la situación de las personas con discapacidad.

 

 

5.- Plan Político de Acción

 

La Comisión Nacional Asesora para Integración de las Personas Discapacitadas (CONADIS) ha puesto en marcha la denominada “Política Integral de Acciones para Personas con Discapacidad 2004–2007”. La orientación rectora de este Plan es lograr para éstas el máximo de autonomía e independencia personal y su presencia activa con mayor protagonismo y creciente participación en la vida familiar, económica y social. Se estructura en cuatro planes sectoriales con un componente transversal que los articula y entrelaza (1. Integración a la Comunidad 2. Salud 3.Educación 4. Integración Laboral).

Este Plan Político de Acción ha incorporado y dado nuevo impulso al Plan Nacional de Accesibilidad que la Comisión Nacional Asesora viene desarrollando con el Consejo Federal de Discapacidad, Plan que ha tenido significativos avances en el presente año y cuya realización favorecerá no sólo a las personas con discapacidad sino también a todas las personas con movilidad y/o comunicación reducida que habitan nuestro país.

 

6.- Vivienda

 

Son destacables los cambios positivos en la legislación vigente en materia de vivienda que favorecen la construcción de unidades aptas para personas con discapacidad, así como la adecuación de los lugares comunes en los edificios de departamentos, cuando sean requeridos por  uno de los habitantes, en razón de una discapacidad u otras necesidades especiales.

Se hicieron Directrices de Accesibilidad Física para Viviendas de Interés Social en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Cabe también remarcar la tarea que realiza la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires  en relación con la accesibilidad a los edificios de propiedad horizontal. Se responden a muchas consultas y se ha dictado un Seminario sobre “Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas, Estrategias en propiedad Horizontal” donde se buscó la manera de concientizar y dar herramientas claras a los administradores de consorcio sobre cómo hacer accesibles y eliminar de sus edificios las barreras arquitectónicas existentes.

 

7.-Nuevos miembros adherentes

 

La incorporación de nuevos organismos públicos al Comité de Evaluación. (la nómina completa de miembros adherentes se incluye al final de este texto)

 

8.-Apoyos de los organismos de promoción de derechos y control

 

El apoyo sostenido en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad recibida desde los organismos públicos de derechos humanos, defensa y control de gestión ha sido importante. Tal es el caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INADI, el Defensor del Pueblo de la Nación,  la Defensoría del Pueblo  de la Ciudad de Buenos Aires y de la Auditoría General de la Nación.

Es de destacar también el apoyo recibido y el interés puesto de manifiesto por la Comisión de Discapacidad de la H. Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del H. Senado de la Nación.

Finalmente, es importante hacer una referencia expresa a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las personas Discapacitadas CONADIS, máxima expresión de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, a la que queremos ver cada día más fuerte en su capacidad de acción, mediación y propuesta.

Por último, constituye un hecho positivo la creación del Foro de la Discapacidad, promovido por las Defensorías del Pueblo de nivel provincial.

 

9.- Comunicación Social

 

La mayor conciencia que es posible apreciar en el conjunto de la comunidad, en los medios de comunicación social y en diversas organizaciones de la sociedad civil por la promoción humana y social de las personas con discapacidad. En este sentido, vale la pena mencionar algunos esfuerzos realizados por el COMFER:

 

a)     Primeras Jornadas sobre Discapacidad, Discriminación y Medios de Comunicación organizadas conjuntamente por el COMFER, la CONADIS, el INADI, el INAP y la Comisión de Población y Desarrollo Humano del H. Senado de la Nación, que tuviera amplia repercusión.

b)     Guía de Estilo sobre Discapacidad para periodistas.

c)      Aumento de la cantidad de programas de TV que transmiten con CC (subtitulado oculto para personas con problemas de audición),  impulsada por iniciativa de un grupo de trabajo de personas sordas e hipoacúsicas, a partir del mes de Julio del año 2004.

d)     Incorporación de traductores en lengua de señas en los discursos presidenciales.

 

10.- Presencia pública

 

Durante el 2004, fue notable la presencia de la temática de la discapacidad en ámbitos políticos, civiles, académicos y profesionales, que se traduce en la proliferación de artículos periodísticos, tesis y tesinas universitarias,  jornadas, seminarios, cursos de capacitación y también movilizaciones, que incluyen, crecientemente, la cuestión de la defensa y promoción de los derechos humanos y contribuyen a superar la invisibilidad de las personas con discapacidad.

Cabe destacar la creación de carreras de grado y de postgrado que abordan las temáticas de discapacidad y educación especial.

 

11.- Salud

 

Ha sido muy positiva la inclusión del tema discapacidad en el Plan Federal de Salud. Dicho Plan ha establecido 5 acciones orientadas a las personas con discapacidad:

a)     implementar la rehabilitación médica como un componente de atención primaria de la salud

b)     implementar y difundir la estrategia de la rehabilitación con base comunitaria

c)      desarrollar una red de servicios, que incluya por lo menos una unidad de rehabilitación de tercer nivel de atención, cada cien mil habitantes

d)     transferir a las familias los conocimientos que promuevan la atención y el apoyo familiar

e)     propiciar la coordinación entre los niveles asistenciales y la articulación de éstos con los servicios sociales y el sector educativo.

 

Asimismo, en lo que respecta  a la Colonia Montes de Oca, se han producido algunos cambios para la mejor atención de las personas allí residentes y se han dado pasos para la concreción de un Programa integral para el mejoramiento de dicho organismo.

 

12.- Fondo Nacional para la Integración de Personas con discapacidad Ley 25.730

 

Gracias a la recaudación que se produjo este año, dicho Fondo Nacional, conformado por el dinero proveniente de las multas a los cheques rechazados, permitió que se terminaran de pagar proyectos que habían sido aprobados oportunamente pero que no habían sido financiados por falta de fondos. Antes de fin de año se darán a conocer los programas para que se puedan presentar nuevos proyectos.

 

 

Hechos negativos o retrocesos

 

La enunciación de estos pequeños aunque significativos avances, no puede hacer perder de vista la realidad general, que habla de la persistencia de condiciones referentes a la invisibilidad y la discriminación de las personas con discapacidad.

Esta invisibilidad, con consecuencias discriminatorias, es responsable del generalizado descreimiento que entre la mayoría de los militantes del colectivo de la discapacidad, existe respecto de las posibilidades de lograr un cambio significativo, desde los ámbitos públicos.

Los hechos parecerían corroborar que la afirmación de los derechos de las personas con discapacidad no es una cuestión socialmente significativa, ni está incorporada en la agenda pública al nivel de las principales instancias del Poder Ejecutivo Nacional.

 

1.- Transporte público de pasajeros

 

1.1.           Incumplimiento generalizado

 

El incumplimiento de la legislación vigente, en materia de transporte, implica conductas discriminatorias que podrían entrañar el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Esto ha sido ratificado por dictámenes y resoluciones emitidos por el INADI, la Auditoría General de la Nación y las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires que mencionamos precedentemente.

Se incumple la Ley Nº 24.314, sus reglamentaciones y, en consecuencia,  la Ley Nº 25.280.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte continúa sin tener en cuenta en los hechos las propuestas de solución que le fueran elevadas por la CONADIS y ONGs el año pasado y mantiene “en estudio”  - desde el 14 de julio de 2004 -  el anteproyecto de Decreto redactado en conjunto por  la CONADIS, CTA, FORO PRO y AMIA para la normalización del defectuoso cumplimiento del Decreto Nº 467/98 y del Decreto Nº 914/97, este ultimo en lo que se refiere  a transporte automotor de larga distancia.

 

1.2.           Transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional

 

Persiste la deuda por la falta de incorporación de unidades accesibles que alcanza a una cifra cercana a los 2.500 vehículos; continúa la incorporación de colectivos sin los requisitos que establece la normativa vigente; se mantienen mecanismos engañosos que interfieren con el cumplimiento del cronograma de incorporación de unidades  adaptadas. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) hace una interpretación antojadiza de la normativa de frecuencias mínimas fijas para este tipo de unidades adaptadas que favorece a las empresas; pese a ello, estas no cumplen con la misma y mucho menos con la Resolución que obliga a publicar dichas frecuencias.

También cabe señalar que son muchas las empresas que han incurrido en incumplimiento del Decreto Nº 38/2004, con medidas que implican trato desconsiderado hacia las personas con discapacidad. Ello se verifica especialmente en el transporte de larga distancia y exigió la intervención, entre otros organismos, de la CONADIS y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a ello, el problema persiste y se acentúa en los períodos vacacionales y feriados largos.

Si bien se han mencionado como avances, que se suman positivamente al dictado del Decreto Nº 38/2004, a la reciente aprobación de normas que garantizan esta gratuidad en algunas provincias y ciudades, es necesario criticar duramente el dictado del Decreto Nº 2744 de la Provincia de Buenos Aires.

Dicha norma asigna a las personas con discapacidad similar derecho al que otorga el Decreto Nº 38/2004 del PEN, pero obliga a tramitar una credencial habilitante de validez anual o menor en la ciudad de La Plata. Hay que tener en cuenta las dificultades que conllevan las distancias a recorrer, aunque intervengan representantes legales o asistentes sociales,  y la saturación de la demanda a la Dirección Provincial del Transporte que indica la resultante de dividir la cantidad de personas con discapacidad por el número de días laborables anuales (alrededor de 3.500 trámites diarios). Lo anterior señalado, muestra claramente que este requisito hecha por tierra el beneficio otorgado.

 

1.3.           Transporte ferroviario subterráneo y de superficie

 

El grado de cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 914/97 para el año 2000 continúa en el orden del 5% como promedio.

La paralización de las obras programadas de accesibilidad es casi total y ello se agrava porque se omite incorporar esta cualidad en las obras generales que se realizan. 

Si bien la accesibilidad fue teóricamente incorporada en las obras de remodelación de 72 estaciones ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires estipuladas por la Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 94/2004, cabe destacar que, tanto la renuencia o la negativa, por parte de las empresas concesionarias a dar cumplimiento a las indicaciones del Comité de Asesoramiento y contralor del Cumplimiento de los Artículos 20, 21 Y 22  de la Ley  Nº 22.431 (en particular Trenes de Buenos Aires y Transportes Metropolitanos S. A.) como la actitud pasiva de la Secretaría de Transporte y de la CNRT ante dicha conducta, han paralizado lo que podría haber sido un avance significativo.

 

1.4.- Incumplimientos de sentencias judiciales

 

El Poder Judicial no es ajeno a los hechos negativos que al respecto referimos. Valgan los siguientes ejemplos con sentencias firmes a favor de los demandantes no cumplidas hasta la fecha que incluyen la obligación de dar cumplimiento a la Ley Nº 24.314:

a)      Amparo iniciado hace siete años con sentencia firme desde hace tres años (Verbrugghe, María Inés c/ PEN, Secretaría de Transporte y otros - .Juzgado Federal en lo Contencioso, Administrativo, Federal Nº 3, Secretaría 5).

b)      Amparo con sentencia firme de fecha 18 de febrero de 2003 (Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativa Nº 3, de Lomas de Zamora, Secretaría Nº 9, en los autos caratulados "Cardozo Mario c/Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/amparo"),

 

1.4.           Transporte Aéreo

 

El cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en la mayoría de los aeropuertos es escaso y parcial.

En las aeronaves su incumplimiento es total.

 

2.- Obras Sociales

 

Si bien hubo un mayor reconocimiento por parte de las Obras Sociales Nacionales de las prestaciones de la ley 24.901, aún se niegan determinadas prestaciones. Todo esto es más cuestionable cuando actualmente el organismo financiador de las mismas, Administración de Programas Especiales (APE), cuenta con los fondos necesarios.

La mayoría de las Obras Sociales no hacen conocer a sus afiliados las prestaciones que la Ley 24.901 establece, así como tampoco han conformado los equipos de orientación.

Las empresas de medicina prepaga y las Obras Sociales Provinciales suelen no hacerse cargo de las nombradas prestaciones. Los afiliados suelen obtenerlas por mandato judicial, luego de anteponer acciones de amparo o pedir la mediación de las defensorías del pueblo. Esta situación establece una gran desigualdad entre los ciudadanos y los coloca en una grave desatención.

 

3.-  Trabajo

 

No se ha reglamentado aún,  la Ley 25.689, que establece la extensión del cupo establecido por el artículo 8º de la Ley 22.431, a otras vacantes de la administración pública y en las empresas privatizadas o concesionarias de servicios públicos. Por lo tanto la incorporación de personas con discapacidad idóneas en la Administración Pública Nacional, no se ha producido en la medida esperada.

No se ha hecho lo suficiente para promover una política de inclusión laboral de esta población con resultados que impliquen un verdadero cambio en el porcentaje de desocupación.

 

4.- Salud

 

La inacción es el común denominador en el campo de la salud.

 No se ha avanzado en la solución de la grave carencia de servicios de rehabilitación en muchas ciudades del país, ni en aspectos vitales de la medicina preventiva.

Generalmente se hacen anuncios de ciertas iniciativas, pero no se los lleva a la práctica. Ejemplo de esto es la situación de las personas con discapacidad carenciadas, que no cuentan con cobertura de la seguridad social, y por lo tanto dependen exclusivamente del Estado.

Este no solamente no tiene respuestas masivas y organizadas para esta población sino que además no cuenta con los profesionales y servicios necesarios (Centros de Día, Estimulación Temprana, Centro Educativos Terapéutico, Hogares, Escuelas para determinadas problemáticas, etc.). Además no hay una política de promoción de los mismos.

Tampoco se plantean nuevos modelos prestacionales, que resultarían de gran efectividad, haciendo más accesible la atención con bajos costos y alta efectividad, como la atención domiciliaria y la rehabilitación basada en la comunidad.

La gratuidad de los medicamentos sigue siendo incumplida por la mayor parte de las Obras Sociales a pesar de existir la Resolución 603/04SSSALUD, en la cual aclara expresamente la obligatoriedad de las mismas de dar cobertura del 100% a los medicamentos para personas con discapacidad, conforme la ley 24901.

 

5.- Educación

 

Se registran pocos  cambios en  materia de educación para personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con las experiencias de educación inclusiva; y no se registran avances en el fortalecimiento y desarrollo de la educación especial.

Es preocupante el número de niños y jóvenes hasta 18 años que están fuera del sistema educativo.

 

6.- Accesibilidad

 

 Persisten las barreras culturales, físicas y  comunicacionales que impiden la integración de las personas con discapacidad.

La accesibilidad continúa siendo una asignatura pendiente. Como ejemplo muchos edificios públicos, sede de ministerios, grandes organismos y universidades son inaccesibles. Lo mismo ocurre con hospitales, escuelas, facultades, museos, lugares de trabajo y estaciones de transportes. No se ha avanzado en la supresión de las barreras que dificultan o impiden el pleno ejercicio de sus derechos a personas ciegas, disminuidas visuales, sordas e hipoacúsicas.

 

7.- Universidades

 

La mayoría de las universidades continúan siendo expulsoras de las personas con discapacidad. Las mismas carecen no solamente de accesibilidad física, sino que casi no cuentan con servicios de orientación capacitados para la recepción y el acompañamiento hasta el egreso de las personas con discapacidad.

En el caso de la Universidad de Buenos Aires, no se  ha puesto en marcha el Área de Discapacidad y Derechos Humanos, creado por resolución del Consejo Superior del mes de septiembre de 2003, lo que convierte un avance en una nueva frustración.

Asimismo, persiste la falta de inclusión de la temática Discapacidad en las currículas.

 

8.-Discapacidad y Pobreza

 

La situación de las familias con miembros con discapacidad en situación de pobreza es alarmante. En muchos casos personas que con una rehabilitación adecuada podrían lograr una plena integración en la sociedad, permanecen en la más absoluta marginación, precisamente por su condición de pobres (ver punto 4.- Salud).

Es preocupante también la persistencia de cuadros de desnutrición en la primera infancia, que pueden tener consecuencias negativas e irreversibles en el desarrollo humano, de un número significativo de niños de las familias en situación de pobreza.

El Plan Alimentario Nacional, que tiene dentro de sus destinatarios a las personas con discapacidad con sus particulares necesidades, no está llegando con efectividad a esta población.

Es motivo de alarma la lentitud con que se da respuesta a esta realidad y más aún la falta de compromiso con esta problemática por muchos de los responsables.

 

9. Certificados de Discapacidad

 

Los turnos para tramitar el certificado de discapacidad en el Servicio Nacional de Rehabilitación tardan meses y no se ha logrado avanzar en la descentralización efectiva del sistema, habilitando a tal efecto el sistema hospitalario con la creación de las juntas designadas a tal efecto, en todas las jurisdicciones.

No se suele informar a quienes desean obtener este certificado que puede dirigirse a algunos hospitales provinciales y no solamente recurrir al mencionado organismo. Falta reglamentar la ley 25.535 que se refiere a este tema.

 

10.- Deportes

 

Los atletas paralímpicos manifestaron su preocupación por las irregularidades con las que se armaron las listas de participantes y acompañantes a los Juegos de Grecia. La CONADIS y la Secretaría de Deportes intervinieron ante el Comité Paralímpico (COPAR) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC) sin recibir respuestas adecuadas a los reclamos. La CONADIS pagó el viaje de un asistente para personas con discapacidad y de una entrenadora, no contemplados oportunamente. Los mismos no fueron autorizados a ingresar a la Villa Olímpica.

Ante las quejas de los atletas a su regreso, los hechos fueron puestos en conocimiento de ambas Cámaras del Congreso y de la Secretaría de Deportes de la Nación, con activa participación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte los atletas discapacitados mentales denunciaron que fueron marginados y no pudieron participar en las Olimpíadas Especiales realizadas en Suecia, a la que sí asistieron algunos dirigentes.

 

11.- Accidentes

 

Causa alarma la prevalencia de accidentes de tránsito y de trabajo entre las causas que determinan la adquisición de una discapacidad entre el grupo etáreo de 15 a 65 años. Ello lleva a la necesidad de plantear el problema de la persistencia de actitudes que favorecen este tipo de accidentes y la necesidad de encarar con mayor rigor y eficacia una política de prevención.

 

13.- Comisión Bicameral

 

La Comisión Bicameral Investigadora de la Ley  de Cheques (24.452) fue creada por ley en julio de 2003, nombrándose sus integrantes a mediados de 2004.

Transcurrido un año y medio de su creación a la fecha no comenzó con su labor.

 

14.- Accesibilidad a la información

 

Si bien hay nuevos programas emitidos con CC (subtitulado oculto para personas sordas) no son todos y se transmiten gracias a la buena voluntad de las productoras, el proyecto de ley aprobado por diputados el 28/11/2002, donde se obliga a los canales a transmitir toda su programación con CC está en la Cámara de Senadores, todavía esperando su aprobación.

Solamente existe un diario (La Nación) con soporte digital para personas ciegas o con problemas de visión, así también el software necesario para leer textos en la computadora, es de un costo muy elevado.

No se implementa en la Argentina el sistema de "descripción auditiva" para personas ciegas tanto para las transmisiones de TV como para el teatro, el cine o diferentes espectáculos. Los aros magnéticos instalados (que son pocos) que sirven para personas hipoacúsicas y/o ciegos no están siendo utilizados adecuadamente.

 

15.-Ley 25.280

 

Finalmente, hay que destacar como un hecho negativo que el proyecto de decreto reglamentario de la ley 25.280 (Convención Interamericana  para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad) haya sufrido nuevas objeciones formales que retrasan el trámite de su aprobación final

 

 

 

Conclusión Final

 

Si bien notamos ciertos avances, no podemos estar satisfechos,  frente al atraso que la realidad de las personas con discapacidad tiene en nuestro país, sumado a la gravísima situación de pobreza y de desempleo existente.

Estamos convencidos de que hay que actuar con clara decisión en todos los ámbitos, destinando recursos humanos y materiales. Una inversión fuerte y sostenida de esfuerzos y de fondos destinada a esta importante porción de la población, va a ser la mejor muestra del respeto a los derechos humanos de estas personas y del compromiso real con ellos.

Con esperanza, con energía y con voluntad renovada miramos el año 2005 y reafirmamos nuestros objetivos de acción

Agradecemos a todas aquellas personas que nos han  emocionado con su apoyo incondicional, ente los que se encuentran por cierto, profesionales, trabajadores del Estado y un número todavía muy pequeño, pero creciente y significativo, de funcionarios con responsabilidades políticas.

Saludamos a los compañeros y compañeras que  participan en la lucha  por los derechos de las personas con discapacidad, incluso de aquellos que han elegido otras metodologías de acción pública para el logro de los mismos objetivos.

Sabemos que es posible construir otra realidad, donde las personas con discapacidad puedan vivir en plenitud su ciudadanía, desde el goce irrestricto de sus derechos. Esperamos poder concretar estas aspiraciones en un futuro cercano.

 

 

 

 

Firmantes

 

AMIA, Area de Discapacidad, Dirección de Programas Sociales- 

Arzobispado de Buenos Aires-Comisión de Discapacidad

CTA, Central de los Trabajadores Argentinos - Departamento de Discapacidad

Foro- Pro – Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con discapacidad

 

 

Agradecemos la cooperación de los siguientes organismos y organizaciones, miembros adherentes del Comité de Evaluación:

 

COMFER (Comité Federal de Radiodifusión)

CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas)

CONNAF (Consejo Nacional  de Niñez, Adolescencia y Familia)

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCBA)

COPINE (Comité para la Integración de las Personas con Necesidades Especiales –GCBA)

Congreso de la Nación:

Comisión de Población y Desarrollo Humano (-H. Senado de la Nación

Comisión de Discapacidad (-H. Cámara de Diputados de la Nación)

Defensoría del Pueblo de la Nación

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

INADI - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Subgerencia de Discapacidad)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Unidad para Personas con Discapacidad)

Secretaría de Derechos Humanos

Secretaría de Desarrollo Social (Dirección de Discapacidad)

Subsecretaría de la Gestión Pública -INAP

 

Organizaciones de la Sociedad Civil

 

Confederación General del Trabajo (Instituto Promoción de las Personas con Discapacidad)

 

Observadores participantes

 

Ing.Elena Dal Bó (Coordinadora para las Américas del Centro de Rehabilitación Internacional)

Dr. Hugo García Garcilaso